El Gobierno logra que el Tribunal Constitucional tumbe la Ley Trans de Ayuso

El pleno ha admitido a trámite los recursos del ejecutivo central contra dos leyes, acusando a la normativa de la Comunidad de Madrid de invadir competencias estatales, patologizar a menores transexuales y perjudicar a las asociaciones LGTBI.

Por:

Adonis Martínez

El Tribunal Constitucional ha procedido a admitir los recursos interpuestos por el Gobierno central contra dos leyes recientemente aprobadas por la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso: la ley trans y la ley LGTBI. Esta decisión, adoptada por unanimidad del pleno, conlleva la suspensión cautelar de ciertos artículos de ambas leyes, que el Gobierno central argumenta que usurpan competencias que corresponden al Estado y representan un retroceso en derechos ya establecidos.

Según la ministra Ana Redondo, del gobierno de Pedro Sánchez, estas normativas son “claramente regresivas” y restringen derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que ha motivado la intervención del ejecutivo. Esta acción refleja la continua tensión entre el gobierno regional de Madrid y el central en materia de legislación de derechos civiles, evidenciando un escenario político en el que la autonomía regional y las prerrogativas nacionales están en constante negociación y conflicto.

El Gobierno considera estas leyes discriminatorias

El Gobierno central ha interpuesto recursos contra dos leyes recientemente aprobadas por la Asamblea de Madrid, argumentando que estas normativas exceden las competencias de la Comunidad Autónoma y podrían facilitar prácticas controvertidas como las “terapias de conversión”. Estas leyes también han sido criticadas por su enfoque hacia los menores trans y por excluir a las organizaciones LGTBI de participar como interesadas en procedimientos legales vinculados a discriminaciones específicas.

Ambas leyes fueron ratificadas en la Asamblea de Madrid en diciembre pasado, con el apoyo del partido Vox, y representan un cambio significativo respecto a las leyes progresistas previamente aprobadas en 2016, cuando la Comunidad también estaba bajo la administración del PP. La ley trans, en particular, ha eliminado el concepto de identidad de género y establece que los menores trans deben someterse a un examen pediátrico antes de recibir cualquier tratamiento hormonal o quirúrgico. Además, esta ley estipula que la provisión de atención psicológica o evaluaciones psiquiátricas no se considerará como una forma de discriminación.

¿Y ahora qué sucede?

Con la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional, varias secciones de estas leyes han sido suspendidas cautelarmente. Esto incluye disposiciones sobre la atención sanitaria a personas trans y menores, así como los protocolos para la atención educativa y el apoyo en situaciones de vulnerabilidad. También se ha suspendido la capacidad de las asociaciones LGTBI para personarse como parte interesada en procedimientos judiciales y administrativos.