¿Cómo trabaja Desokupa, la organización señalada por la oposición como ilegal?

El Gobierno ha rechazado el pedido de Podemos de ilegalizar las compañías que combaten la ocupación ilegal.

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Nicolas Lafferriere

Hace pocos instantes, la Comisión de Vivienda del Congreso ha rechazado un proyecto de ley para ilegalizar entidades dedicadas a combatir la ocupación ilegal. Los integrantes del partido Podemos han expresado su desagrado hacia esta decisión, que choca con organizaciones tan conocidas en el país como Desokupa.

El pedido de los morados por impulsar “todos los cambios legales y movilizar todos los recursos que sean necesarios” ha recibido el visto negativo del de PP y Vox, mientras que el oficialismo (PSOE) y Junts optaron por abstenerse a votar. Otros partidos de izquierda como Sumar, ERC y Bildu apoyaron este proyecto a pesar de no lograr la mayoría necesaria.

Una de las PYME que podría verse afectada por este tipo de ley es Desokupa. La organización fundada y liderada por Daniel Esteve ha sido criticada por sus vínculos con la ultraderecha y diversas actitudes violentas, pero sus integrantes han insistido más de una vez en que su actuación contra los okupas se mantiene dentro de los límites de la legalidad.

¿Cómo opera Desokupa?

La compañía fundada en 2016, se describe a sí misma como una agrupación “especializada en la recuperación de inmuebles okupados ilegalmente”. Su sitio web asegura a sus posibles clientes el uso de “soluciones rápidas y efectivas” a favor de aquellos propietarios que se ven obligados a lidiar con un inquilino moroso o aprovechado de la ley a su favor.

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De acuerdo al propio Daniel Esteve, el coste de cada desalojo asciende a los 3.000 euros, cifra en la que se incluyen procedimientos civiles con abogado y procurador. A partir del pago, su equipo realiza una evaluación inicial con la que recolectan las herramientas para idear una estrategia, además de corroborar posibles costos extra que permitan el éxito en su procedimiento (al más puro estilo de Los Simuladores, si se quiere una comparación).

El plan de acción se realiza, según el sitio web de Desokupa, “a través de métodos legales y efectivos”. Una vez que obtienen el éxito con su objetivo, los integrantes de la organización permanecen contacto con sus clientes, con el fin de “mantener un seguimiento de la situación", asegurando así que el suceso ha encontrado una solución definitiva y efectiva.

¿Qué ocurrirá con la propuesta de ley?

El posible accionar violento de este tipo de organizaciones, sumado a diversas polémicas por presunto racismo y violación al derecho a la imagen, habrían sido los motores para que Podemos lleve adelante su proyecto de ley contra este tipo de servicios que suelen “bailar” entre lo lícito y lo ilegal.

No se ha confirmado si el partido de izquierda seguirá impulsando su propuesta. Sin embargo, las críticas hacia el Gobierno por parte de los morados no han dejado de crecer desde que se ha conocido esta decisión. “La parálisis legislativa y la actitud cobarde del Gobierno está allanando el camino a un futuro Ejecutivo de PP y Vox”, expresaron los canales de comunicación de Podemos.