¿Qué elementos del decreto ómnibus permanecen tras la cuestión de confianza?

El acuerdo entre el Gobierno y Junts conserva los puntos clave del anterior, pero excluye las cuestiones fiscales, que los independentistas prefieren tratar por separado.

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Adonis Martínez

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo decreto que sustituye al que fue tumbado en el Congreso la semana pasada. Para asegurar el respaldo de Junts y evitar un nuevo revés en la Cámara Baja, el Ejecutivo ha optado por modificar el texto, eliminando algunas de las medidas que formaban parte del decreto ómnibus.

Mientras que la versión anterior del decreto ómnibus contemplaba un total de 42 reformas legislativas y 20 prórrogas, el documento actual se ha reducido a 29 iniciativas, según detalló Pedro Sánchez en su comparecencia ante los medios. El bloque económico, que generaba discrepancias, ha sido excluido del decreto con la intención de ser negociado más adelante.

Pese a los ajustes realizados, el Gobierno mantiene su intención de impulsar las medidas económicas en otro momento. Actualmente, se encuentra en conversaciones con distintos grupos parlamentarios para garantizar que estas reformas puedan salir adelante en futuras votaciones.

Lo que se ha aprobado

Revalorización de pensiones: subida garantizada

El nuevo decreto mantiene la actualización de las pensiones, una de las medidas clave que generó debate en el Congreso. Junts, a pesar de haber rechazado el decreto anterior, siempre se mostró a favor de esta medida, por lo que se ha incluido en el texto final.

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Con ello, las pensiones contributivas aumentarán un 2,8%, cifra que ya se reflejó en la nómina de enero. Además, se aplicarán incrementos de entre el 6% y el 9% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Extensión de los descuentos al transporte público

Las ayudas al transporte público seguirán vigentes hasta el 30 de junio de este año. Se mantienen las bonificaciones introducidas en 2022 tras la crisis derivada de la guerra en Ucrania, como la gratuidad de los trenes de media distancia para viajeros frecuentes y el 50% de descuento en transporte urbano e interurbano. Estas medidas continuarán siendo cofinanciadas por el Estado y las comunidades autónomas.

Apoyo a afectados por la DANA y el volcán de La Palma

Las medidas de ayuda a damnificados por la DANA se incorporan en el nuevo decreto. Se amplía el plazo para solicitar ayudas, se extiende el ámbito geográfico para incluir a más agricultores en los subsidios y se autoriza a la Generalitat a endeudarse para financiar la reconstrucción.

También se prorrogan los ERTE para afectados por la erupción del volcán de La Palma y se permite aplazar el pago de cuotas a la Seguridad Social. Además, se habilita una moratoria de seis meses para que los agricultores que no puedan trabajar sus tierras suspendan temporalmente sus préstamos.

Escudo ‘antiopas’ prorrogado hasta 2026

Dentro del bloque económico, una de las pocas medidas que sobreviven es la prórroga del escudo ‘antiopas’ hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta norma impide la liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, dejando en manos del Gobierno la decisión sobre compras en empresas estratégicas.

Se aplica tanto a empresas cotizadas si la inversión supera el 10% del capital, como a no cotizadas si el importe es mayor de 500 millones de euros. Esta herramienta ya ha sido utilizada por el Ejecutivo para bloquear la OPA de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo.

Cesión del palacete de París al PNV

El traspaso de la propiedad de un palacete en París al PNV, antigua sede del Gobierno vasco en el exilio, ha sido uno de los puntos más polémicos. A pesar de la oposición de PP y Vox, la medida se mantiene en el nuevo decreto.

La norma permite que el PNV inscriba a su nombre el edificio, que actualmente alberga el Instituto Cervantes. Además, el Estado pagará una renta de mercado hasta 2030 para que el Instituto pueda seguir operando en el inmueble.

Desahucios: extensión de la protección con cambios

El escudo social sigue en pie, con la prórroga de las ayudas en la factura eléctrica y la prohibición de cortes de suministro a familias vulnerables. En materia de vivienda, se amplía la concesión de suelo público para construcción de vivienda social y se extiende la suspensión de desahucios a personas en situación de vulnerabilidad.

Junts exigía más garantías contra la okupación, por lo que el nuevo acuerdo introduce un sistema de avales para propietarios e inquilinos, financiado con recursos públicos, que cubrirá los gastos derivados de la okupación.

Lo que ha quedado fuera

Quedan fuera las reformas fiscales

El nuevo decreto excluye todas las medidas tributarias del texto original. No se aplicarán por ahora las modificaciones en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, ni la prórroga del tributo a la banca. También se descarta la ampliación del umbral de ingresos de segundos pagadores que obligaba a presentar la Renta, así como las deducciones para obras de eficiencia energética y la compra de vehículos eléctricos.

Fin de ayudas a la industria electrointensiva y al plan MOVES

El nuevo texto no contempla la prórroga del mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva, que compensaba los elevados costes energéticos de estas empresas. También se elimina la financiación a las comunidades autónomas para ejecutar el plan MOVES, lo que implica la no renovación de las ayudas a la movilidad eléctrica.

La financiación autonómica queda fuera del decreto

El Gobierno ha aceptado la petición de Junts de excluir la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Este mecanismo permitía adelantar parte de los fondos del sistema de financiación autonómica, pero los independentistas han exigido una “negociación seria” sobre el concierto económico catalán antes de aprobar cualquier cambio.

No habrá plan de regeneración democrática ni cambios en Correos

Junts ha logrado eliminar del decreto la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, argumentando que vulnera competencias autonómicas. También se descarta la ampliación del periodo en el que Correos seguiría siendo el operador designado para prestar el Servicio Postal Universal.