Publicar noticias falsas en redes sociales tendrá consecuencias: el Gobierno impondrá rectificaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley que regula el derecho a la rectificación.

Por:

Adonis Martínez

El Gobierno sigue atacando a los "generadores de bulos y mentiras". Fuente: Península ES.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo anteproyecto de ley que busca actualizar el derecho de rectificación, centrándose en regular la actividad de los denominados “usuarios de especial relevancia”.

Según el contenido del texto, los perfiles con más de 100.000 seguidores deberán cumplir las mismas obligaciones que los medios tradicionales en cuanto a la difusión de información errónea o falsa.

Esta iniciativa, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre, tiene como objetivo combatir la desinformación en las plataformas digitales y garantizar una mayor responsabilidad en el uso de redes sociales.

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Medidas contra los profesionales del bulo y la mente

    El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respaldado firmemente la nueva propuesta legal, argumentando que es esencial para que los ciudadanos puedan protegerse frente a quienes se dedican a difundir información falsa de manera sistemática. Según Bolaños, esta ley será un paso importante para fortalecer la democracia y combatir a los “profesionales del bulo y la mentira”.

El Anteproyecto de Ley reguladora del derecho de rectificación busca frenar la proliferación de noticias falsas en redes sociales. Una de las principales innovaciones de la norma es la aplicación de regulaciones similares a las de los medios tradicionales a los creadores de contenido en plataformas digitales como X, Facebook o Instagram, obligándolos a asumir responsabilidades cuando publiquen información inexacta o falsa.

¿Cómo funcionará?

Cuando un usuario relevante publique información errónea en redes sociales u otras plataformas digitales, la rectificación deberá enviarse directamente al responsable del contenido. Las plataformas estarán obligadas a contar con un sistema accesible y visible que permita enviar estas solicitudes y hacer un seguimiento del proceso, garantizando su recepción y trazabilidad.

Estas herramientas deberán ser rápidas y eficaces, evitando conflictos entre las partes y sin imponer excesivas responsabilidades a las plataformas, que actúan como intermediarias. Además, los medios digitales también deberán cumplir con estos requisitos, adaptándose a las normas establecidas para garantizar una gestión uniforme de la rectificación en todos los canales.

Todas las claves sobre el derecho de rectificación

Ampliación del plazo de rectificación

El tiempo disponible para rectificar una información se amplía de 7 a 10 días, dando un margen mayor tanto a quienes solicitan la rectificación como a los responsables de gestionarla.

Carta al director: una opción, no una obligación

El envío de una carta al director dejará de ser obligatorio y pasará a ser opcional, facilitando así que el proceso sea más flexible y accesible para todas las partes.

Inclusión de “usuarios relevantes” en redes sociales

La nueva regulación extiende el derecho de rectificación a los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores, alineándolos con las obligaciones que ya aplican a los medios de comunicación convencionales.

Eliminación del requisito de contestación por escrito

Para acelerar el procedimiento, se elimina la obligación de responder por escrito a las solicitudes de rectificación. Según el ministro, esta medida busca agilizar los trámites procesales y mejorar la eficiencia.

Avisos de información corregida

Se implementarán medidas para incluir un aviso visible indicando que la información publicada ha sido revisada por ser falsa o inexacta, con el objetivo de alertar a los lectores de la corrección realizada.

Mecanismos accesibles para gestionar rectificaciones

Todos los medios de comunicación y usuarios relevantes deberán contar con un sistema sencillo y accesible que facilite la presentación de solicitudes de rectificación, asegurando un proceso rápido y transparente para quienes lo soliciten.

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