La reciente DANA ha dejado una estela de devastación en España, con un balance trágico de al menos 217 fallecidos y decenas de desaparecidos, según informes oficiales. Las regiones más afectadas, como la Comunidad Valenciana, han sufrido inundaciones severas que han causado daños materiales significativos y han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. A pesar de la magnitud de la catástrofe, ni el Gobierno de Valencia ni el de España han declarado una Emergencia Nacional. Esta decisión ha generado duda y debates sobre los criterios y procedimientos para activar tales medidas en situaciones de desastre. En España, la declaración de una Emergencia Nacional se enmarca dentro de los estados de alarma, excepción y sitio, regulados por la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. El equipo de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana señaló que, según la “Guía de organización operativa estatal para la respuesta inmediata ante emergencias de Protección Civil”, el Gobierno podría haber intervenido desde el inicio de la crisis, ya que se contemplan diferentes situaciones: Según el Gobierno, para que la Emergencia Nacional se diera, Mazón debía de activar la situación de alarma 3, algo que nunca hizo, bajo la explicación de que lo único que cambiarían serían los mandos de actuación sobre el desastre, y dado que los que estaban sobre el terreno conocen el mismo y saben cómo trabajarlo, retirarles ese mando solamente generaría más caos y ninguna ayuda. Óscar Puente, Ministro de Transportes, declaró en La Sexta que esto no se hacía porque “Sustituirles toda la cadena de mando en estas condiciones obligaría a perder un tiempo precioso, provisionando de medios, y cada vez mayores” Mientras tanto, el pueblo valenciano y español está profundamente indignado, prueba de ello fueron los ataques hacia el propio Pedro Sánchez y hasta a los Reyes de España, en una imagen que ha visto absolutamente todo el mundo.