Cataluña anuncia la construcción de 50.000 pisos sociales: ¿Alcanza?

Las respuestas a la crisis de la vivienda en España son variadas, aunque queda por ver cuál es la más efectiva. En este caso, las opiniones están divididas.

El acceso a la vivienda ha sido una de las principales preocupaciones en todo el país, y Cataluña no es la excepción. En un intento por abordar esta crisis, Salvador Illa anunció, en su primer debate de política general como presidente, que la Generalitat construirá 50.000 viviendas sociales en los próximos seis años. Esta medida ha sido exigida por partidos como ERC y los Comuns en los acuerdos de investidura. Sin embargo, surgen preguntas importantes: ¿es suficiente esta promesa? ¿Es realmente una solución efectiva para la crisis de la vivienda o es necesaria una mayor intervención en el mercado privado?

Todo esto, tras una inédita manifestación de inquilinos en Madrid y Barcelona que sumó más de 150.000 personas, todas amenazando con una “huelga que alquileres”, es decir, dejar de pagar.

Opiniones enfrentadas

Para Jaime Palomera, experto del Institut d’Investigació Urbana de Barcelona (Idra), el aumento de la vivienda pública es un paso en la dirección correcta. No obstante, afirma que la cifra de 50.000 viviendas es insuficiente en comparación con la cantidad de inmuebles destinados a fines especulativos. Según Palomera, “es como intentar apagar un incendio forestal con cubos de agua”. Si se quiere cambiar la dinámica, no basta con aumentar la vivienda pública; también es fundamental intervenir en el mercado privado y limitar su uso como activo financiero.

El informe De propietarios a inquilinos. La creciente desigualdad en el acceso a la propiedad, publicado por Idra, destaca que cada vez más viviendas se desvían a usos turísticos o no residenciales, lo que dificulta el acceso a la propiedad para las familias. Esto refleja un problema creciente: muchas viviendas que salen al mercado no están siendo adquiridas por familias que necesitan un hogar, sino por inversores o no residentes.

La complejidad de construir vivienda pública

Carles Donat, codirector del Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona (O-HB), opina que la construcción de viviendas es clave para garantizar el derecho a una vivienda digna, pero subraya que es una tarea “compleja”. Donat destaca la necesidad de políticas de suelo que movilicen solares disponibles, la implementación de reservas de vivienda protegida y el apoyo a promotores y gestores de vivienda social.

El anuncio de Illa, que contempla una inversión de 4.400 millones de euros y la creación de la primera Reserva Pública de Suelo en Cataluña, responde a la necesidad de coordinar distintos niveles de la administración. Según Donat, si el plan se materializa, Cataluña podría situarse en un nivel similar al promedio de la Unión Europea en cuanto a promoción de viviendas públicas, un objetivo al que aspira la región.

¿Es suficiente esta medida?

Palomera, por su parte, considera que el anuncio de Illa es positivo, pero insuficiente para revertir la emergencia habitacional. Para él, es fundamental frenar el flujo de capital especulativo en el mercado de la vivienda. Propuestas como la compra de inmuebles por parte de la administración para destinarlos al alquiler social y la regulación del alquiler temporal y de habitaciones son necesarias.

Además, Palomera sugiere que la administración identifique las viviendas que no cumplen con su función residencial y ofrezca incentivos a los propietarios para que alquilen a largo plazo y a precios accesibles. Medidas fiscales, como aumentar los impuestos a las viviendas vacías y a las de uso turístico, también podrían contribuir a reducir la especulación.

Por otro lado, Donat coincide en la necesidad de incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler ordinario. Menciona también la importancia de las ayudas al pago de la vivienda, aunque advierte que deben dirigirse a colectivos específicos para evitar efectos inflacionarios. Una de las promesas de Illa fue la creación de un fondo público para fomentar la emancipación de los jóvenes y la inversión de 500 millones de euros anuales para ayudar a las familias a pagar el alquiler y adquirir viviendas de segunda mano.

La creciente desigualdad en el acceso a la vivienda

A pesar de las iniciativas propuestas, Palomera señala un problema estructural: la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad. Un sector de la población heredará propiedades, lo que le permitirá adquirir más inmuebles sin necesidad de pagar alquiler o hipoteca, mientras que otra parte nunca tendrá acceso a la propiedad. Un estudio del Idra revela que siete de cada diez inquilinos en Barcelona creen que no podrán comprar una vivienda en el futuro.

El descenso del precio del alquiler y los contratos firmados

Un aspecto positivo que ha surgido recientemente es el descenso del precio medio de los alquileres en áreas tensionadas. Entre abril y junio, los precios bajaron un 5% respecto al primer trimestre del año, antes de la aplicación del tope del alquiler previsto por la ley estatal. Esta regulación parece haber tenido un efecto directo en la estabilización del mercado de alquiler.

Sin embargo, el número de contratos firmados también ha disminuido, con una reducción del 17,2%. El Sindicat de Llogateres atribuye esta caída a un desvío hacia los alquileres de temporada, aunque Donat sugiere que la principal razón es la mayor estabilidad en los hogares que ya viven de alquiler. Desde la modificación de la duración mínima obligatoria de los contratos en 2019, muchas familias permanecen en sus viviendas actuales, lo que ha reducido la rotación y la firma de nuevos contratos.

El reciente informe del Observatori Metropolità muestra que el número de viviendas en alquiler con fianza depositada en el INCASÒL ha crecido un 116,4% entre 2009 y 2023, lo que indica que el parque de alquiler no está desapareciendo, sino que hay menos rotación en el mercado.