¿Es posible evitar la reducción de las penas de los presos etarras?

El PP, aprovechando su mayoría absoluta, aplazará la votación en el Senado y exige al Gobierno retirar la norma. La ausencia de enmiendas o vetos impide que el Senado devuelva el texto al Congreso.

La semana que viene, salvo que el Gobierno lo impida, las Cortes Generales ratificarán un proyecto de ley que permitirá a los presos etarras descontar las penas cumplidas en cárceles francesas, como es el caso de Txapote. Este lunes, a pocas horas del debate en el Senado, PP y Vox reaccionaron con indignación al darse cuenta de esta modificación legislativa, pese a haber votado a favor del cambio en etapas anteriores, lo que ahora les deja con escaso margen de maniobra.

Ante esta situación de tensión política, el PP ha anunciado que aplazará la votación prevista para este martes, intentando ganar tiempo para abordar la situación, ¿cómo podría revertirse esta situación? ¿Realmente es posible?

La modificación de Ley que ha generado todo esto

En marzo, el Gobierno dio luz verde a un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, con el objetivo de alinear su normativa sobre el intercambio de antecedentes penales y resoluciones judiciales con las leyes europeas. Desde entonces, el texto ha sido procesado en el Congreso, donde se concedieron hasta diez prórrogas para que los partidos políticos pudieran presentar sus enmiendas. En junio, se dio a conocer las modificaciones propuestas, que sumaban un total de 14.

Finalmente, a principios de septiembre, la Comisión de Justicia aprobó el texto definitivo de forma unánime, tras haber incorporado varios cambios. Estas modificaciones permiten que el tiempo en prisión cumplida en otros países de la Unión Europea pueda descontarse de las condenas impuestas en España. Hasta ahora, los condenados antes de 2010, incluidos los presos etarras, no podían acogerse a este beneficio, pero esta excepción ha sido eliminada en la nueva reforma.

¿Es posible revertir esta modificación de Ley?

Ningún grupo parlamentario se opuso a los cambios introducidos en la ley. Ni durante la votación de las enmiendas en la ponencia, ni en la Comisión de Justicia, ni en el pleno del Congreso, donde la norma fue aprobada por unanimidad. El consenso fue tan amplio que ninguna formación presentó enmiendas adicionales ni vetos cuando el proyecto de ley fue enviado al Senado para su aprobación final.

La única posibilidad de frenar la aprobación de la norma depende de una intervención del Gobierno. Al ser un proyecto de ley, el reglamento del Senado permite al Ejecutivo retirarlo en cualquier momento del proceso legislativo. Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido que la ley simplemente asegura que la normativa europea se aplica correctamente en España, en cumplimiento de las directivas comunitarias.