El Tribunal Constitucional revisará la amnistía tras la admisión del recurso presentado por el Supremo

El tribunal ha aceptado por unanimidad la abstención de Campo, quien, como ministro de Sánchez, había afirmado en informes sobre los indultos que la ley era “claramente inconstitucional”.

Por:

Adonis Martínez

El Tribunal Constitucional ha dado oficialmente comienzo al proceso al admitir a trámite este miércoles, y por unanimidad, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía. Esta admisión llega justo cuando expiraba el plazo para presentar recursos contra la norma. Asimismo, el tribunal ha aceptado la abstención del magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia.

Esta decisión, respaldada por los 12 magistrados del tribunal, marca el inicio de un proceso que se anticipa largo y complejo. Con la salida de Campo, la composición del tribunal se ve alterada, ya que los conservadores suman un nuevo magistrado, mientras que los progresistas pierden una voz clave. Este cambio podría influir en los próximos debates y decisiones sobre la ley de amnistía.

Así hemos llegado a esto

En el Tribunal Constitucional, la situación está dividida con cinco magistrados alineados con posiciones más conservadoras y seis cercanos a posturas progresistas. Esto ha llevado a especular sobre posibles recusaciones. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, ya había señalado que no debería participar en el caso debido a su involucramiento previo en los indultos del procés, cuando expresó que la amnistía era inconstitucional. Aunque se ha cuestionado a otros magistrados, se cree que no habrá más recusaciones.

El Partido Popular/PP ha recusado al presidente del tribunal, Conde-Pumpido, y a la magistrada Laura Díez, argumentando su cercanía al gobierno. A su vez, el recién nombrado magistrado Macías ya ha criticado la amnistía durante su tiempo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta situación podría generar tensiones dentro del tribunal en el futuro.

¿Y ahora qué?

El Tribunal Constitucional ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo, pero la respuesta podría tardar entre seis meses y un año. Esta decisión no afectará automáticamente a otros recursos similares, pero establecerá una línea para futuros casos. Después de abordar las dudas del Supremo, se tratarán los recursos de inconstitucionalidad, como los presentados por el Partido Popular y varias comunidades autónomas.

Posteriormente, el tribunal se centrará en los recursos de amparo, que podrán ser tratados de forma conjunta. Las impugnaciones de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont tendrán que esperar, ya que sus casos aún están pendientes en el Supremo.