El Cuerpo en Llamas en la vida real: piden 4 años más de prisión para Rosa Peral por este motivo

Hay novedades en el caso del crimen de la Guardia Urbana, el motivo sería por ocultar patrimonio con la intención de no pagar la indemnización a la familia de la víctima.

Por:

José Banco

La Fiscalía también solicitaría tres años y medio para el padre de la condenada, Francisco Peral. A los dos los investigan por un presunto delito de alzamiento de bienes. Concretamente el Ministerio fiscal los acusa a los dos de haber puesto a nombre del padre el 50% de una vivienda de Vilanova i la Geltrú, un coche y una moto que eran de Rosa Peral. El objetivo de este cambio de titularidad era que Peral se declarara insolvente y no tuviera que pagar la indemnización a la familia de Pedro Rodríguez, el agente asesinado por ella misma y Albert López en mayo del 2017.

El fiscal considera que ella es la autora del delito y el padre, cooperador necesario. Más allá de las penas de prisión, la Fiscalía también reclama que se imponga a Rosa Peral una multa de 7.200 euros (debiendo ya euros diarios durante dos años). Y, si no la paga, un día de prisión por cada dos cuotas. Para el padre pide una multa de 10.800 euros. Además, reclama deshacer el cambio de nombre para que la familia de la víctima pueda cobrar la indemnización que dictó la justicia a la familia de Pedro Rodríguez.

Rechazaron amparar el derecho al honor y la intimidad de sus hijas

Anteriormente la Fiscalía rechazó la petición de Rosa Peral de determinar si la serie de Netflix “El cuerpo en llamas”, vulneró el derecho al honor y a la intimidad de sus dos hijas. Peral consideraba que la aparición repetida de las niñas, menores de edad cuando la sucesión de los hechos narrados en la producción, era un delito. Además, no se encontraron indicios para que el ministerio público actúe en su defensa. El organismo señaló que “en relación con las dos menores, no se aprecian en la situación de las mismas, indicadores de riesgo, abandono, desprotección o desamparo que requieran de un seguimiento directo” por parte de la Fiscalía y la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. También se descartaron “medidas de protección específicas”.

En este sentido, también se recuerda que las dos niñas tienen dos padres en pleno uso de sus facultades que pueden poner las denuncias que consideren oportunas -algo que debe ser solicitado por ambos padres-; además que tampoco constan “conflicto de intereses entre las menores y sus progenitores”.