En España, por cada policía caído en servicio se suicidan cuatro
Cada año en España, mientras están en servicio, fallecen varios agentes de policía y guardia civil; sin embargo, la cifra de aquellos que deciden terminar con su vida es significativamente mayor.
Desde 2016, en España, la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han registrado la muerte de 9 policías nacionales y 50 guardias civiles durante su labor. Esto significa un promedio anual de 7,5 agentes fallecidos en servicio.
Por otro lado, desde 2018, 165 agentes de estos cuerpos han optado por el suicidio, lo que se traduce en un promedio de 27,5 suicidios al año. Esta estadística revela que por cada agente que pierde la vida en el cumplimiento de su deber en España, cuatro deciden quitarse la vida.
El sector policial tiene una de las tasas de suicidio más altas a nivel mundial, seguido por abogados y médicos. En España, la situación es particularmente grave. Según el Ministerio del Interior, en 2023 se suicidaron 10 guardias civiles y seis policías nacionales. Estos datos no incluyen a la policía local y autonómica. La Asociación Unificada de Guardias Civiles indica que, incluyendo a estos agentes, 21 efectivos se quitaron la vida en el mismo período.
Las medidas que plantea el gobierno
De acuerdo con información del Ministerio del Interior, durante el año 2023 se registraron 16 suicidios entre los cuerpos de seguridad del Estado: 10 guardias civiles y seis policías nacionales. Es importante destacar que el Ministerio no incluye en sus estadísticas a los policías locales y autonómicos. Según datos de la AUGC, sumando a estos agentes, el total de efectivos que se suicidaron asciende a 21 en el mismo lapso. Ante este escenario, diversas asociaciones demandan que el Ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska adopte medidas más robustas y desarrolle protocolos específicos de prevención del suicidio para los agentes, incluyendo la propuesta de reconocer su labor como “profesión de riesgo”, lo cual implicaría también beneficios económicos adicionales.
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Tras el incidente en Barbate, donde dos guardias civiles fallecieron atropellados por una narcolancha, se ha intensificado el llamado de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que la Seguridad Social los reconozca dentro de esta categoría, estatus que ya poseen los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y las policías locales.
Esta clasificación permite el reconocimiento de las condiciones adversas y peligrosas similares a las enfrentadas por profesionales en sectores como la minería, el ferrocarril, la aviación, la tauromaquia y los bomberos, incluyendo recientemente a los bomberos forestales.
Los beneficios de estos trabajos con alto riesgo
Los beneficios de ser categorizado en este grupo incluyen mayor flexibilidad en los horarios, formación especializada en prevención de riesgos laborales y la posibilidad de jubilarse anticipadamente sin penalizaciones económicas.
- Actualmente, bajo las regulaciones de la Ley Orgánica 9/2015 y la Ley Orgánica 29/2014, los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil se jubilan a los 65 años.
Las asociaciones están pidiendo la implementación de protocolos específicos para abordar los síntomas de trastornos mentales. “Los agentes terminan su formación académica sin estar completamente equipados para enfrentarse a las duras realidades que verán en el campo”, señalan desde las organizaciones.
Desde hace tiempo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles insiste en la necesidad de implementar dentro de la institución medidas y mecanismos de prevención que permitan identificar tempranamente las señales de alarma, reduciendo así el riesgo de suicidio entre los agentes.
Además, la AUGC sugiere aumentar el número de psicólogos o externalizar el servicio de atención psicológica, para que los profesionales no formen parte de la cadena de mando y los agentes puedan recibir asistencia de especialistas externos al cuerpo, lo cual facilitaría un tratamiento sin temores ni reservas.
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