El Tribunal Supremo rechaza la amnistía y ordena la detención de Carles Puigdemont
La Sala que juzgó el ‘procés, presidida por Marchena, mantiene la ejecución de las penas de inhabilitación para Junqueras, Turull, Bassa y Romeva.
El Tribunal Supremo ha declarado que el delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont y otros en el procés no es amnistiable, manteniendo activas sus órdenes nacionales de detención. Además, ha elevado una consulta al Tribunal Constitucional para determinar si el delito de desobediencia también estaría cubierto por la ley de perdón.
Tanto el tribunal que juzgó y condenó a los líderes del procés como el juez Pablo Llarena coinciden en que el delito por el que están procesados Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig no está amparado por la nueva norma, que entró en vigor hace unas semanas, aunque con el voto particular en contra de la magistrada Ana Ferrer.
Esto entiende el Supremo
El juez Llarena considera que la desobediencia podría ser amnistiada, pero no la malversación de caudales públicos. Según él, Puigdemont y el resto de su Govern tenían “total disponibilidad” de los fondos que utilizaron para organizar el referéndum, y este uso de dinero público estaba “radicalmente vinculado a un beneficio personal y tuvo un marcado carácter patrimonial”.
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Aunque el dinero no fue directamente a sus cuentas bancarias, lo cual estaría excluido de la amnistía, Llarena argumenta que se usó para evitar que tuvieran que financiar el procés de su propio bolsillo: “Para no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales”.
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El magistrado subraya que los implicados “decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes, el coste de unas iniciativas o apetencias personales que ellos mismos dirigían”. Esta interpretación refuerza su postura de que la malversación no puede ser amnistiada, diferenciándola claramente de la desobediencia.
¿Qué sucederá ahora con Carles Puigdemont?
Diversos juzgados y tribunales de todo el país, especialmente en Cataluña, han comenzado a aplicar la amnistía a cientos de encausados en diligencias relacionadas con el procés independentista de 2017. El primer beneficiado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue el exconseller Miquel Buch, quien había sido condenado a cuatro años de prisión por malversación por proporcionar una escolta de forma irregular a Puigdemont. Además, 16 manifestantes condenados por diversos disturbios también han sido amnistiados.
Sin embargo, la decisión del Supremo sobre el delito de malversación complica el posible regreso de Carles Puigdemont a España, ya que mantiene activa su orden de detención, junto con la de Comín y Puig, a nivel nacional. En consecuencia, el expresident catalán no podrá regresar sin arriesgarse a ser arrestado en cuanto ponga un pie en el país.
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