Contra aumentos y las claúsulas “abusivas”, 900 inquilinos lanzan una “huelga de alquiler” en Madrid

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha denunciado situaciones irregulares por parte de Nestar-Azora, el tercer mayor propietario de España.

Cansados de las constantes subidas y las cláusulas “abusivas” en sus contratos de alquiler, mientras sus edificios se encuentran en “estado ruinoso”, más de 900 vecinos de diversas zonas de la Comunidad de Madrid han decidido unirse y declararse en “huelga” contra el fondo que gestiona sus viviendas, Nestar-Azora, el tercer mayor propietario de España.

Estos vecinos residen en diez bloques de viviendas ubicados en los municipios de Parla, Móstoles y Pinto, así como en los barrios madrileños de Villaverde, Carabanchel y Vallecas.

Hace tres meses, solo un centenar de vecinos estaban dispuestos a enfrentarse a esta empresa. Sin embargo, en las últimas semanas, muchos más han decidido unirse a esta lucha, con la esperanza de que otras familias afectadas, entre las más de 8.000 que viven en pisos gestionados por el fondo, se sumen pronto.

¿Qué reclaman?

Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, todos estos vecinos comparten un problema común: al llegar el tercer año de contrato, se activan cláusulas abusivas que imponen subidas de alquiler muy superiores al 3% anual previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Los alquileres, que inicialmente se firman por unos 900 euros, alcanzan los 1.600 euros al cabo de tres años, a pesar de que esta fórmula ya fue declarada ilegal tras demandas del Sindicato de Inquilinas de Cataluña. No obstante, Nestar-Azora sigue aplicando estas subidas en toda la Comunidad de Madrid.

Además, la organización señala que estas subidas también se aplican en dos bloques de propiedad pública que, en teoría, deberían tener alquileres protegidos y limitados, aunque su gestión ha sido cedida al fondo por los ayuntamientos de Pinto y Parla.

Pago del precio original del contrato

Al declararse en huelga, los vecinos han decidido pagar únicamente el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles. No pagarán seguros de impago, subidas abusivas ni otros conceptos que consideran ilegales. Además, no descartan emprender acciones legales contra la empresa si sus demandas no son atendidas. “Queremos que se siente a negociar”, afirman.

Las personas afectadas recuerdan que otras familias de sus bloques, incapaces de hacer frente a los nuevos precios, “se han visto obligadas a abandonar sus hogares antes de que transcurran los siete años a los que teóricamente tenían derecho”. El sindicato denuncia que el problema radica en unos fondos buitre que operan sin ningún tipo de regulación ni límite en un contexto de crisis social.

Alquiler y riesgo de pobreza

El Sindicato de Inquilinas destaca que esta misma semana, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) advirtió que “vivir de alquiler aumenta el riesgo de pobreza”. Además, el Banco de España reconoció el mes pasado que la mitad de la población inquilina se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión.