¿Qué son los okupas en España? Estos son los motivos por los cuales no se pueden desalojar

Razones sociales, políticas y de época, explican un fenómeno que lleva décadas en el país.

Por:

Cristian Ortega Mahan

Para entender el fenómeno social de las llamadas “casas okupas” en España, es esencial remontarnos a su origen y su contexto sociocultural.

Básicamente, un okupa es una persona que reside en una vivienda o edificio sin el consentimiento del propietario. Sin embargo, su existencia está ligada al contexto económico y social, que ha evolucionado desde su origen.

Aunque el movimiento surgió en los años 80, durante la Transición, no ganó notoriedad pública hasta finales de los 90. Con el tiempo, ha cambiado conforme a los sucesivos cambios sociales y económicos en España.

Diferencias entre ‘ocupa’ y ‘okupa’

No todo el que ‘ocupa’ es un ‘okupa’. Este término está más asociado a movimientos sociales de la izquierda radical, doctrinas alter-globalización y prácticas anarquistas, más que al simple acto delictivo de vivir en una propiedad ajena sin permiso. El movimiento okupa en España se presenta como una forma de vida alternativa y comunitaria, con prácticas sociales específicas y puntos teóricos comunes que se interrelacionan con experiencias en otros países europeos, enmarcados en un contexto de desempleo, precariedad laboral y dificultad de acceso a la vivienda.

En España, el movimiento surgió por razones concretas y diferentes a las de otros países europeos, coincidiendo con el fin de la dictadura franquista.

Inicialmente, atrajo a jóvenes que se oponían al servicio militar obligatorio en los años 80, con proclamas antimilitaristas que resonaban entre quienes estaban en “la transición al mundo laboral y de emancipación familiar”, como explica Miguel Martínez López, profesor de sociología en la Universidad de La Rioja, en un detallado estudio sobre la historia y el significado del movimiento. En esa época, era un fenómeno social muy minoritario y poco visible en la opinión pública.

Etapa 1980-1995

“En las principales ciudades del país (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Valencia) empiezan a surgir múltiples okupaciones de viviendas y, gradualmente, algunas se utilizan también para otras actividades abiertas a no residentes del inmueble, como conciertos de música, charlas, debates o reuniones de colectivos específicos”, explica Martínez López.

Así se dinamizan los llamados Centros Sociales Okupados y Autogestionados (CSOA), que integraron, subordinaron o incluso eliminaron las funciones de una vivienda “a favor de una amplia gama de actividades contraculturales, políticas y productivas abiertas a otros movimientos sociales y a sectores de población fuera de la ‘escena’ alternativa”. Esto significa que no solo se trataba de residir colectivamente en un espacio ajeno, sino que empezaba a incubarse una nueva forma de vida conectada con otros movimientos sociales en barrios y ciudades, hacia prácticas culturales e ideológicas concretas.

El movimiento okupa comenzó a atraer a muchos jóvenes por su oferta cultural y posicionamiento político-ideológico, creciendo y preocupando a las autoridades, que respondían con detenciones y desalojos.

Sin embargo, la efervescencia era tal que casi inmediatamente, al cerrar un CSOA, aparecían otros nuevos o varios en distintos puntos de las ciudades. Si se detenía al grupo que lo gestionaba, otros vendrían a okuparlo.

“El número de okupaciones (más de 80) duplica, como mínimo, al de desalojos (unos 40)”, asegura el profesor, y añade: “Las autoridades solo pueden sancionar las okupaciones como faltas, con multas económicas y obligar al desalojo, a lo sumo, aunque muchos okupas son detenidos más por su condición de insumisos que por su participación en las okupaciones. Los medios de comunicación comienzan, de forma muy suave y ambivalente, a estigmatizar a los okupas, sin llegar a considerarlos un movimiento social ni una amenaza al orden social”.

Etapa 1995-2000

Entramos en la segunda fase del movimiento, que se extiende hasta el año 2000. “La acumulación de fuerzas y experiencias da lugar a que los CSOA se conviertan en los principales puntos de articulación de todas las okupaciones, actividades contraculturales y movimientos sociales relacionados con ellos”, observa Martínez López.

La okupación empieza a preocupar a las autoridades políticas y judiciales. La respuesta no se hace esperar. En 1998 se aprueba el nuevo Código Penal que sanciona con penas de cárcel, y no solo con multas, “tanto la okupación de inmuebles abandonados como la insumisión al servicio militar obligatorio, en un claro giro político destinado a perseguir específicamente a estos dos movimientos sociales alternativos”.

El movimiento okupa adquiere especial interés en los medios, y con ello, se incrementan las okupaciones y operaciones policiales. “La nueva situación legal propicia numerosos desalojos y una represión mucho más dura (con documentados casos de maltrato, desalojos ilegales, penas de prisión, persecución personal...)”, relata Martínez López.

“Lo sorprendente es que existe una inercia de okupaciones, desalojos y nuevas okupaciones que no se frena con la escalada represiva”. A mayor represión, mayor okupación. Entre 1995 y 2000, se registran poco más de 130 okupaciones frente a 100 desalojos.

Etapa 2001-2006

Con la entrada en el nuevo milenio, llega a nuestras vidas Internet, el invento que más ha revolucionado nuestra forma de vivir. Este instrumento también sirvió al movimiento okupa, que empieza a crear sus primeros foros y listas de comunicación en la red para compartir experiencias y ayudarse mutuamente.

“Debido al endurecimiento represivo, en muchas ciudades se consideran más necesarias las reuniones de coordinación entre distintas okupaciones”, prosigue el profesor de sociología. “En este período aumentan los contactos de carácter político entre okupaciones de distintas ciudades, acudiendo a manifestaciones conjuntas”, completa.

Entramos en un proceso de estabilización del movimiento. La represión policial no cesa y las okupaciones tampoco, pero desde el punto de vista judicial, las condenas se tratan de manera un tanto “benevolente” respecto a lo que la ley exigía, sostiene Martínez López.

“Los procesos de desalojo se producen con más celeridad y represión, pero los juicios y condenas se demoran durante años, lo que nuevamente favorece los intentos por aprovechar intensamente las experiencias de okupación sin un gran temor a consecuencias penales inmediatas”. Además, surgen negociaciones con las autoridades o propietarios de los inmuebles okupados, no para “legalizar” o “institucionalizar” el movimiento, sino para mejorar la convivencia.

Qué ocurre hoy

Con el paso de las décadas, y tras la crisis financiera de 2008, que afectó las aspiraciones de una gran parte de la población joven en España, el movimiento okupa se ha hecho más visible en los medios de comunicación, creciendo como una opción alternativa al sistema socioeconómico vigente.

En la época pospandémica, la nueva Ley de Okupas aprobada en el 2022, que entró en vigor el 8 de marzo del 2023, ha agilizado los procesos para que los propietarios denuncien la okupación de su vivienda, frenando ligeramente el número de okupaciones, que varía según la comunidad autónoma.

Según el Ministerio del Interior, entre enero y julio de 2022 hubo un total de 10.220 okupaciones, un 5,43% menos que el año anterior. Sin embargo, en ciudades como Barcelona, la cifra de okupaciones ha aumentado, con 3.256 solo en ese período del año anterior.

Con la nueva ley, si la denuncia se realiza en un plazo de 48 horas y se trata de la primera vivienda del propietario, las fuerzas de seguridad pueden desalojar a los okupas sin una orden judicial. En cambio, si no es la primera residencia, prevalece el principio de inviolabilidad, lo que prolonga el desalojo.