Avances en el caso de la tragedia en Barbate: denuncian a la Guardia Civil de Andalucía

El caso donde dos agentes de la Guardia Civil fallecieron, luego de que una narcolancha los arrollara en el intento de escapar del operativo.

Por:

Melisa Sbrocco

La asociación de la Guardia Civil JUCIL ha presentado una denuncia contra el general jefe de la Zona de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, acusándolos de presuntos delitos de homicidio por imprudencia y lesiones graves por imprudencia. La denuncia surge tras la tragedia ocurrida en Barbate el 9 de febrero, donde dos guardias civiles murieron y varios resultaron heridos gravemente.

Según la denuncia, los superiores estaban plenamente conscientes de que los medios disponibles eran insuficientes. A pesar de ello, obligaron a los agentes a llevar a cabo una intervención en el Puerto de Barbate bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin el equipo adecuado. Los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) no estaban preparados para este tipo de sucesos, y los dos miembros del GAR que los acompañaban carecían de los equipos necesarios, como cascos, cuya ausencia resultó fatal cuando una narcolancha los arrolló.

Los detalles de la denuncia que presentó la Guardia Civil sobre las condiciones laborales

El escrito destaca que los agentes de la Guardia Civil no tenían la protección necesaria: cascos, chalecos antibalas, ni armas adecuadas, llevando solo armas cortas. El GEAS proporcionó un casco y un neopreno, pero no fueron suficientes para evitar las contusiones mortales en la cabeza que sufrieron los fallecidos. La denuncia se apoya en las declaraciones del jefe del equipo GEAS, quien advirtió al coronel jefe de Cádiz sobre los riesgos, mencionando que la lancha disponible era inadecuada y que las condiciones meteorológicas eran adversas.

A pesar de estas advertencias, los superiores de la Guardia Civil insistieron en la intervención. La denuncia señala que estos hechos demuestran un desprecio consciente por la seguridad de los agentes, constituyendo así una grave imprudencia. JUCIL argumenta que, además del delito de prevención de riesgos laborales ya investigado por el Juzgado número 1 de Barbate, los superiores denunciados actuaron con pleno conocimiento del riesgo mortal, forzando a los agentes a actuar sin importar las posibles consecuencias.

La asociación solicita que se inicien las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los superiores jerárquicos en este suceso, conforme a los artículos 142 y 152.1.2 del Código Penal, que prevén penas de uno a cuatro años de prisión por homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia.