¿Qué dijo la ONU sobre las leyes de concordia de PP y Vox? Las implicaciones de este informe
El informe de la ONU, realizado el pasado mes, insta al Gobierno de España a visibilizar a las víctimas y preservar la historia en estas regiones gobernadas por PP y Vox.
Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticaron las leyes impulsadas por la derecha y la extrema derecha en tres regiones de España, que podrían “invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo y “limitar” la búsqueda de víctimas. Además instaron al Gobierno de España a “tomar las medidas necesarias” para preservar la memoria histórica.
Los expertos cargaron contra las leyes de concordia que han sido aprobadas o son debatidas en las regiones de Aragón, Valencia y Castilla y León, “que podrían afectar a la obligación del Estado Español (...) en materia de derechos humanos”. El informe es una respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas “leyes de concordia” que han sido tramitadas en estos territorios donde PP y Vox, gobiernan en coalición.
En esas tres regiones gobierna la derecha en coalición con la extrema derecha, críticas con la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Parlamento español a instancias del gobierno de izquierda para resarcir a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura del vencedor de esa contienda, Francisco Franco, que se prolongó hasta 1975.
Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, advirtieron que estas leyes incluso “omiten nombrar o condenar dicho régimen”.
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¿Qué implica este informe realizado por la ONU?
Los tres relatores de la ONU advierten que las “leyes de la concordia” pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas, asimismo que “obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica” de organizaciones civiles. Además la ONU señaló en su informe que estas leyes:
- Ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica
- Pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de “las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos”
- Pueden “invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen”
Además la ONU sobre no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, ya que bajo esta ley se le estaría quitando el reconocimiento a “las centenas de miles” de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Señalaron que implica que “todos los poderes del Estado”, incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de “todas las entidades de Gobierno” a nivel nacional, regional o local, “cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos”
Respuestas de los partidos al informe presentado por la ONU
- El gobierno de Pedro Sánchez, se congratuló por la crítica “demoledora y contundente” a las leyes regionales, señaló en rueda de prensa el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, reprochó que los expertos de la ONU no hayan consultado la opinión del ejecutivo regional, y afirmó que, probablemente “influenciados” por el gobierno de España, cometieron “errores de bulto” en su escrito.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, ha dudado sobre “la parcialidad” del informe de la ONU con el argumento de que uno de los tres relatores que firman ese informe es un jurista argentino del que “está acreditado” que es “amigo íntimo personal de Baltasar Garzón”.
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, expresó que lo que hay que “rectificar” es el “revisionismo” de la ley de memoria aprobada por el PSOE con el apoyo de Bildu, que no condena el terrorismo.
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