¿De qué se trata? A partir de diciembre, los trabajadores tendrán un nuevo derecho

Entrará en vigor el 4 de diciembre esta norma que ampliará garantías frente al despido improcedente de los trabajadores y sus familias. Los detalles.

Por:

Cristian Ortega Mahan

El Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980, sigue siendo un pilar fundamental en la regulación de las relaciones laborales en España. Desde su creación, ha sido objeto de múltiples reformas que buscan adaptarse a los cambios sociales y económicos, garantizando un equilibrio entre empleados y empleadores. Este diciembre, una nueva reforma promete reforzar la protección de los trabajadores frente a prácticas injustas.

Nuevo derecho

A partir del 4 de diciembre del 2024, entrará en vigor una modificación contemplada en la Ley Orgánica 5/2024, que amplía las garantías legales contra despidos y sanciones como represalia por reclamar derechos laborales. Este avance, conocido como “garantía de indemnidad”, supone un cambio trascendental en la lucha por la justicia en el ámbito laboral.

La reforma establece que cualquier sanción desfavorable, incluida el despido, que sea consecuencia de una reclamación judicial o administrativa del trabajador será declarada nula. De acuerdo con el tercer apartado del artículo 12 de la nueva ley, esta medida pretende eliminar el miedo a represalias que muchas veces impide a los empleados exigir sus derechos.

Además, esta protección no se limita al trabajador afectado, sino que se extiende a sus familiares cercanos, incluyendo cónyuges, parejas de hecho y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad que trabajen en la misma empresa. Esta disposición, contenida en la disposición adicional tercera del Estatuto, busca evitar represalias indirectas que puedan desincentivar las reclamaciones laborales.

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Equilibrar relaciones

La garantía de indemnidad, según expertos legales, es una herramienta diseñada para equilibrar las relaciones entre empleadores y empleados. Al eliminar las represalias como el despido, se fomenta un entorno laboral más justo y transparente, donde los trabajadores se sientan respaldados para ejercer sus derechos sin temor a consecuencias negativas.

En los casos en que se demuestre que un despido fue resultado de una reclamación, la empresa estará obligada a readmitir al empleado y compensarlo por los daños sufridos. No obstante, será responsabilidad del trabajador probar la improcedencia de la sanción y su relación directa con la reclamación presentada.

Esta reforma representa un avance importante hacia un mercado laboral más equitativo y seguro, fortaleciendo la confianza de los empleados en el sistema legal y promoviendo un diálogo más constructivo entre ambas partes. Sin duda, se trata de un logro significativo en la defensa de los derechos laborales en España.